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La RFEF responde con contundencia al CSD y al TAD por el expediente a la Comisión Gestora

César Suárez
Rocha era el presidente de la Comisión Gestora de la RFEF
Rocha era el presidente de la Comisión Gestora de la RFEFAFP
La Federación Española de Fútbol (RFEF), ante los anuncios realizados por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) tras el expediente abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), ha respondido con contundencia asegurando que existe falta de rigor y motivación jurídica para cuestionar la labor de su Comisión Gestora.

La situación de interinidad que vive la RFEF, las acusaciones graves a la Comisión Gestora presidida por Pedro Rocha, único candidato a la presidencia y ahora imputado en el caso Brody, la validez o no de la renovación de Luis de la Fuente, la adjudicación del VAR... todos estos temas están sobre la mesa en la polémica más importante que vive el fútbol español en años. 

Y la lucha de poder entre todos los agentes relacionados de uno u otro modo con esto están motivando una controversia difícil de detener. 

Este martes, el presidente del CSD, José Manuel Uribes, afirmó que su organismo, que depende del gobierno, hará todo para corregir la "situación inaceptable" en la RFEF.

Horas después ha sido la propia RFEF la que ha defendido la labor de su Comisión Gestora yendo punto por punto en todos los asuntos por los que se sospecha de sus miembros. 

Ha sido a través de un comunicado que reproducimos íntegramente:

Ante los últimos anuncios realizados por el presidente del CSD sobre el informe del TAD, cabe señalar:

"La RFEF quiere dejar claro que el expediente del TAD nada tiene que ver con los comportamientos presuntamente delictivos que se están investigando en el juzgado número 4 de Majadahonda (operación Brody), sino con un supuesto y rebatido exceso en las funciones en una entidad que no ha podido concluir su proceso electoral, dadas las múltiples injerencias externas.

Resulta absolutamente incomprensible en derecho que el TAD aduzca como una infracción muy grave la solicitud de personación de la RFEF como acusación particular ante un caso de presunta corrupción, en el que esta institución estaría afectada.

La RFEF hace un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias.

Es necesario incidir en que la Federación se encuentra en una situación de máxima interinidad desde el pasado mes de septiembre, cuando la gestora, en la línea marcada por el entonces secretario de Estado, Victor Francos, planteó hacer una sola convocatoria electoral.

En este sentido, sobre la necesidad de hacer elecciones a presidente o doble elección a presidente y a Asamblea, se remitió una consulta al CSD el 20 de septiembre y se reiteró el 17 de octubre, sin respuesta alguna por parte de este organismo.

Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD a finales de enero de este año.

En todo momento la RFEF ha actuado con máxima responsabilidad, primero para cerrar la crisis abierta por el expresidente Luis Rubiales durante el Mundial de Sídney y, a continuación, tomando decisiones a nivel deportivo y de gestión ordinaria imprescindibles para el normal funcionamiento de la RFEF. Todas las decisiones se han tomado con la máxima cautela y respeto, dada la situación de interinidad en la que se encontraba la institución.

 

Sobre las supuestas infracciones que se le imputan a los miembros de la gestora en el expediente del TAD, se quiere puntualizar:

Despido de Andreu Camps

Esta decisión no pasó por gestora, por lo que, además, es una causa no atribuible a los miembros de la misma.

El despido del exsecretario general, Andreu Camps, personal de alta dirección según estatutos de la RFEF, que ni siquiera ha sido impugnado por él mismo, fue una decisión avalada, precisamente, por el propio CSD.

Renovación del seleccionador Luis de la Fuente

Se trata de una decisión deportiva imprescindible para la Selección Española de fútbol. El contrato se extinguía el 30 de junio, por lo que ante la posibilidad de que el seleccionador careciera del mismo en medio de una Eurocopa, se aprobó ejercer una cláusula ya existente para prorrogarlo.

CVC

La RFEF entendió que esta causa no era de interés de la institución y se comprobó que la retirada no provocaba perjuicio económico alguno a la misma. Coincide en el tiempo también con otras retiradas de demandas y querellas presentadas en su momento por el expresidente, Luis Rubiales, contra periodistas, columnistas, medios de comunicación y tertulianos e incluso su propia familia.

La liquidación de ingresos por derechos audiovisuales que le correspondían a la RFEF quedó garantizada y posteriormente se comprobó que, de no haber tomado esta decisión, hubiera habido un perjuicio económico, tal y como se ha podido comprobar en la última sentencia recaída sobre el caso.

Ni es un juicio político, como indica el TAD, ni compromete a la futura Presidencia de la RFEF.  

VAR

Esta decisión no pasó por gestora, por lo que, además, es una causa no atribuible a los miembros de la misma.

Se trata de un concurso público adjudicado provisionalmente.

Si no se hubiera iniciado en tiempo y forma había riesgo de no contar con el VAR en las competiciones profesionales para la próxima temporada.

Todo el concurso y sus fases están visibles en la página web. Transparencia absoluta por parte de la RFEF.

Cabe recordar que la financiación del VAR corre a cargo de la Liga, por lo que en cualquier caso no puede nunca causar un perjuicio económico a la RFEF.

 

Tras estas apreciaciones, se concluye, además, que no se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la Comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados.

Miembros de la Comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas".